A mediados de los años 80, cuando a raíz del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla estalló la guerra del Estado colombiano contra el narcotráfico, Diego Fernando Murillo Bejarano, proveniente de Tuluá (Valle), trabajaba a órdenes de Fernando El Negro Galeano, un socio de Pablo Escobar Gaviria que mantenía negocios legales de fachada en el municipio de Itagüí (Antioquia).



Con el curso de los años llegó a convertirse en el jefe de seguridad de Fernando Galeano, un inadvertido personaje que, junto a su hermano Mario, ostentaba negocios de mercados y concesionarios de carros. Sin embargo, antes de posicionarse como uno de los soportes armados de los "extraditables", Murillo Bejarano sufrió en carne propia los rigores de su actividad violenta.



En un atentado —algunos dicen que de una fracción de la guerrilla del Epl; otros afirman que producto de las rencillas del narcotráfico—, Murillo Bejarano recibió 17 impactos de bala y quedó con graves limitaciones en su pierna derecha. Pero sobrevivió y regresó a sus actividades para convertirse en un temible personaje que protagonizó en Colombia múltiples hechos delincuenciales.



"Los Pepes"



Sin embargo, Murillo siguió trabajando a la sombra para su jefe: El Negro Galeano. Hasta que el 3 de julio de 1992, a Murillo Bejarano le llegó la hora de salir del anonimato. Ese día, Fernando Galeano fue hasta la cárcel de La Catedral, donde se encontraba recluido el capo Pablo Escobar con sus principales secuaces, para cobrarle cerca de 20 millones de dólares que el capo le había robado.



Fernando Galeano fue asesinado en la propia cárcel y su cuerpo descuartizado. Ese mismo día fue secuestrado en Medellín su hermano Mario Galeano, quien también fue asesinado por la gente de Escobar. El propio Murillo, en el libro Mi confesión, escrito por el periodista Mauricio Aranguren, admitió que a raíz de esos hechos, tres meses después fue creado el grupo de Los Pepes.



Eran los “Perseguidos por Pablo Escobar”, un grupo asesino que enfrentó al capo con sus mismas armas: crímenes selectivos, terrorismo e intimidaciones. Diego Murillo adoptó el alias de Don Berna y sumó su poder al que ya ostentaban los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil y Rodrigo Doble Cero, quien con los años se convertiría en el jefe del Bloque Metro de las Autodefensas.



El propio Don Berna relató en el citado libro cómo Los Pepes fueron determinantes en la etapa final de la lucha contra Pablo Escobar Gaviria. Incluso, reconoció que acudía a la sede del Bloque de Búsqueda y que en varias ocasiones, con el mismo propósito, estuvo reunido con miembros de la CIA, la DEA y miembros de las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos.



Escobar Gaviria fue abatido el 2 de diciembre de 1993 y, obviamente, cambió la correlación de fuerzas clandestinas en las áreas de influencia del extinto capo. Casi de manera simultánea comenzaron a cobrar fuerza en Antioquia los grupos de autodefensas y Don Berna unió sus intereses al proyecto paramilitar que promovían los hermanos Fidel Antonio, Carlos y José Vicente Castaño Gil.



Una de esas redes clandestinas operó en Medellín a órdenes de Elkin El Negro Mena y tomó la denominación de la banda La Terraza, a la cual se le atribuyen incontables actos de violencia. Sin embargo, el accionar delictivo de Mena dividió las fuerzas clandestinas y fue ejecutado por orden de Carlos Castaño. Don Berna, entonces, quedó como el hombre fuerte de las autodefensas en Medellín y Antioquia.



Y mientras persistían las vendettas y los asesinatos por la disputa territorial de las comunas de Medellín con otros grupos delictivos y milicianos de la guerrilla, Don Berna siguió creciendo en el paramilitarismo, creó el Bloque Cacique Nutibara y sentó las bases de los futuros bloques Héroes de Granada y Héroes de Tolová. Con el curso de los meses adoptó la condición de inspector nacional de las autodefensas.



"Adolfo Paz"



Pero ya no era Diego Murillo ni Don Berna. Su nueva identidad era Adolfo Paz y con el rango de inspector participó en las reuniones previas al proceso de paz que hoy protagoniza esta organización armada. De hecho, antes de la extraña desaparición de Carlos Castaño, en noviembre de 2003 fue el artífice de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, que abrió el camino a la negociación política con el Gobierno.



En pleno auge del proceso de paz, Don Berna concedió su primera entrevista a un medio de comunicación. Lo hizo con El Espectador y afirmó que le extendía una invitación al gobierno de los Estados Unidos para que acompañara a las autodefensas a la mesa nacional de negociación, a fin de aclarar lo que calificó como “falsas y perversas sindicaciones de narcotráfico”. Además, sostuvo que lo querían asesinar moralmente.



Sin embargo, Adolfo Paz mantuvo intacto su poder clandestino en Medellín, que se fortaleció después del desmantelamiento del Bloque Metro, que también operaba en la capital antioqueña, y principalmente tras el asesinato de Rodrigo Doble Cero, en mayo de 2004. Este hombre se había convertido en acérrimo contradictor de Adolfo Paz y del proceso que cobró forma en la zona de Santa Fe de Ralito.



Al parecer, Adolfo Paz —junto a sus compañeros de negociación política— quedaba con toda la disponibilidad para ejercer como principal líder de la organización. No obstante, en julio de 2004 el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos de narcotráfico contra Diego Murillo Bejarano, Don Berna o Adolfo Paz, a través de un documento que también acusó al líder paramilitar José Vicente Castaño Gil.



En concreto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sindicó a Don Berna de estar “fuertemente” involucrado en actividades de narcotráfico, además de acciones de concierto para delinquir y lavado de utilidades del ilícito negocio. EU sostuvo que la organización a cargo de Murillo generó millones de dólares en Nueva York y en otras ciudades de ese país.



La formulación de cargos afectó el liderazgo de Adolfo Paz, quien, no obstante, conservó su condición de inspector de las autodefensas. Durante casi un año se mantuvo en Santa Fe de Ralito, pero distante de escenarios públicos. Hasta que el pasado 10 de abril fueron asesinados cerca de Ralito el candidato a la Alcaldía de Valencia (Córdoba) Orlando Benítez y dos acompañantes, y volvió a surgir el nombre de Don Berna. Esta vez como presunto deteminador del triple asesinato.



Así lo concluyó la Fiscalía General de la Nación, que de inmediato le reportó la novedad al Presidente de la República. El Jefe del Estado ordenó un gigantesco operativo policial a lo largo y ancho de los 368 kilómetros cuadrados del área de Santa Fe de Ralito para capturar a Adolfo Paz. Sin embargo, éste prefirió entregarse voluntariamente a las autoridades judiciales.



Lo hizo ayer hacia las seis de la tarde, en medio de un enjambre de policías, integrantes de los grupos de autodefensas y curiosos. “Quien se humilla para lograr la paz, queda con la humillación y con la guerra”, había dicho en declaración emitida en enero de 2005. Con su decisión de entregarse a las autoridades demostró que al parecer su intención definitiva es no regresar a la guerra que protagonizó durante casi dos décadas.



Piden revisar misión de Caramagna



Un grupo de organizaciones sociales, ONG y sindicatos, encabezados por Planeta Paz, le pidieron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, revisar dos hechos que en su opinión son de vital importancia para la vida de nuestro país: el modelo y la actuación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, encabezada por Sergio Caramagna, y la emergencia electoral que, según ellos, se está viviendo en Colombia.



Sobre el primero de los hechos, las organizaciones le denunciaron a Insulza la poca actuación de Caramagna en la verificación del cese de hostilidades pactado entre el Gobierno y las Auc en Santa Fe de Ralito. “Tampoco ha sido posible establecer una interlocución fluida entre las diferentes expresiones de la sociedad civil y la misión de la OEA, y que ésta trabaje coordinadamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice la carta enviada a la OEA por las 13 organizaciones, quienes a su vez le pidieron al secretario general del organismo vigilar el proceso de anulación —por irregularidades— del 10% de las mesas de las elecciones realizadas en marzo de 2002, por cuanto Salvatore Mancuso dijo haber logrado el 30% del parlamento.